Proyectos inmobiliarios destinados a proveer de un hogar a las familias damnificadas del incendio que arrasó con varios cerros de Valparaíso, son los que el Gobierno pretende que la empresa privada construya por medio de un llamado especial.
Junto al intendente de Valparaíso, Ricardo Bravo y el delegado presidencial para la Reconstrucción de Valparaíso, Andrés Silva, la ministra de Vivienda, la ministra del ramo Paulina Saball, anunció la implementación de una nueva modalidad para atender a los grupos familiares afectados por el siniestro de abril pasado.
“Estamos haciendo un llamado al sector privado para la construcción de nuevos conjuntos habitacionales que puedan albergar a familias damnificadas y que, a la vez, alberguen también a otras familias que tienen un subsidio y que no lo han podido aplicar”.
La autoridad explicó que los conjuntos habitacionales deben considerar variables de integración social y territorial en las comunas de Valparaíso y Viña del Mar, consistentes en la edificación de hasta 300 propiedades, de las cuales al menos un 40% deben tener un precio de 900 UF, mientras que el 60% de unidades restantes podrán alcanzar valores de hasta 2.000 UF, “que permitan la integración en un conjunto con un diseño adecuado y generar nuevas oportunidades para las familias damnificadas”, indicó.
Al menos un 20% de estos proyectos debe estar destinado a familias damnificadas por el incendio y el resto puede ser adquirido por otras familias que requieran soluciones habitacionales, en especial quienes ya tienen un subsidio que aún no han podido aplicar.
Saball hizo el anuncio tras visitar en la Ciudad Jardín a una familia damnificada por el incendio de Valparaíso que ya cuenta con un departamento.
PROCEDIMIENTO
El Minvu ha convocado a la presentación de proyectos hasta el 30 de septiembre de este año, los que serán revisados por el Serviu y precalificados a más tardar el 23 de octubre.
A partir de esa fecha, Serviu dará a conocer los proyectos habitacionales “elegibles”, a objeto de que las familias damnificadas puedan elegir una vivienda de entre todos los proyectos aprobados.
Para tales efectos se suscribirá un convenio que reserve los subsidios para la totalidad del proyecto y la constructora deberá iniciar obras dentro de un plazo de 90 días. El plazo máximo para la ejecución del proyecto es de hasta 18 meses una vez iniciada la obra.
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